Diversos ministerios iniciaron la elaboración de los decretos legislativos que servirán para la erradicación de la minería ilegal. El plan fue presentado la semana pasada al presidente Ollanta Humala y al premier Óscar Valdés, pues el Ejecutivo tiene plazo hasta finales de abril para la publicación de las normas en el marco de las facultades legislativas que otorgó el Congreso en diciembre del año pasado.
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar cerca de veinte dispositivos para eliminar esta actividad que genera US$1,000 millones al año pero que no paga impuestos, regalías ni canon minero.
Una norma se encargará de regular el ordenamiento territorial del país, mediante el cual se determinarán las zonas de exclusión minera, así como el uso y ocupación del territorio para la minería en general.
Se estima que más de 100 mil personas están involucradas en la extracción ilegal de minerales, en regiones como Madre de Dios, Piura, La Libertad, Puno, Ica, Áncash, Cusco, Apurímac, Lima y Arequipa.
Asimismo, el Gobierno tendrá nuevas facultades para incautar, administrar y destruir objetos ilegales que se usan para la minería informal, como las dragas. Todo ello dentro de una reforma del sistema nacional de gestión ambiental. Por su parte, el Ministerio de Trabajo tiene como labor el desarrollo de alternativas laborales a la minería ilegal. En el marco de esta reconversión, la Presidencia del Consejo de Ministros implementará mecanismos de diálogo con la población vinculada a este sector informal.
Tambièn se ha previsto el fortalecimiento de la Autoridad Nacional de Agua, que forma parte del Ministerio de Agricultura, asì como dar mayor poder a la defensa jurídica del Estado para la protección del patrimonio natural.
Sobre le crimen organizado:
Por el lado policial se publicará una norma para reformar el Código Penal, específicamente, en lo referente a delitos ambientales y de trata de personas. Se modificará la ley de pérdida de dominio —que permitirá la incautación de los bienes generados por la minería ilegal—, así como una nueva ley de lavado de activos.La Policía tendrá una dirección general que se encargará de la lucha contra el crimen organizado.
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