El 19 de Setiembre el ministro del Medio Ambiente Antonio Brack manifestó que la minería informal que se realiza en el cerro El Toro es un tema muy difícil. Para el ministro la solución la deberían dar las autoridades regionales con las Fuerzas Armadas y la policía. “Los mineros informales no quieren que entre nadie a esas tierras y no se puede llegar a un acuerdo", enfatizó. Brack recordó que las autoridades han querido dialogar con los mineros informales, pero estos han procedido a actuar con violencia y continúan contaminando el medio ambiente. Por lo tanto, deben ser sacados por la fuerza. Esta sería la única alternativa para controlar a una mafia con la que no hay ninguna posibilidad de diálogo porque pretenden seguir manteniendo al cerro El Toro en “tierra de nadie", es decir que no se respeta la ley y el orden. Además precisó que “las mineras informales y su fiscalización son responsabilidad de los gobiernos regionales y no del Ministerio del Ambiente”.
Es positivo que el problema de la mina informal en el cerro el Toro se vuelva a plantear y que el ministro del ambiente lo haya hecho, pero es preocupante saber que entre sus roles y competencias no está considerado esta problemática tan compleja. Con sus declaraciones podremos seguir invocando a las autoridades regionales para dar un bien fin a este asunto, pero la vía no puede ser la intervención de la fuerza armada.
La minería informal en el cerro El Toro es un problema que tiene otros temas de fondo, que van más allá de expulsar a la fuerza a los mineros informales. Si ellos han podido desarrollar dicha actividad minera a pocos minutos de Huamachuco es porque de alguna manera se ha permitido y aquí hay responsabilidad tanto de las autoridades locales y regionales, pero también de la población en general, a excepción del alcalde actual y de algunas organizaciones que han tratado de hacer algo, aunque sin ningún resultado. Podemos comprender las limitaciones de una pequeña ONG o de grupos sociales organizados, que cuentan con pocos recursos, que no acceden a instancias del poder estatal, pero nos preguntamos si ésta ha sido la misma situación del gobierno regional, más aún teniendo un regidor y un asesor o ex asesor huamachuquino en dichas instancias y que bien pudieron plasmar la demanda de la sociedad huamachuqina en una propuesta integral de solución. Lo que es necesario evaluar es que este tipo de situaciones pueden prevenirse y resolverse dentro de un Estado de Derecho, de manera altamente profesional, con una gestión eficiente y con justicia social.
El gobierno regional responde que no ha podido hacer nada porque los mineros informales no quieren dialogar y que ni siquiera han podido ingresar al cerro en cuestión porque no los han dejado. Pero ¿eso es todo lo que se podía hacer?, ¿Con quienes se pretendió dialogar y cómo?, ¿Con qué propuestas?. Pero además ¿Por qué se dejó que esta actividad creciera tanto cuando se pudo haber prevenido desde hace años?. Un aspecto a considerar es que los mineros informales no son una masa homogénea que se puede reducir un grupo mafioso que posiblemente domine la zona (que no es un material amorfo en que no se puedan identificar a sus dirigentes). Sin embargo hay un sector de los mineros informales dispuestos a dialogar y a negociar, dispuestos a salir de la mina, pero considerándose su situación como un problema social de la región. Para ver en problema en su totalidad, es preciso analizar e incidir sobre los límites del marco legal, presupuestal y de injerencia política que limita a nuestras autoridades locales para poder intervenir como necesitamos que lo hagan Es preciso también ver la cadena de servicios e intermediarios que se benefician con esta actividad, dentro de los cuales están los concesionarios, los dueños de lotes, los que comercian el metal, entre otros.
Además, es necesario tener claro que parte de la solución no es pasar de una minería informal a la mediana o gran minería sino que primero es necesario saber si es posible o no que la minería se desarrolle en dicha zona. En principio, urge saber técnicamente si el cerro el Toro, por su cercanía a afluentes importantes, es apta para la actividad minera o tal vez deba declarársela zona intangible por el bienestar general de Huamachuco. Esto muy bien lo puede hacer el gobierno regional y posiblemente el gobierno local, estamos seguros que será considerado.
El problema de fondo es, en definitiva, que nuestra región y provincia cuente con adecuados sistemas de gestión ambiental participativo, que pueda prever y controlar los factores de riesgo contaminantes de la minería informal y formal, y que en vez de tener que apagar el fuego, prevea que la actividad minera informal no se difunda en otros lugares, como ya está sucediendo. La intervención militar es peligrosa porque puede crear un conflicto de alto riesgo asì como de pérdidas de vida, y porque puede invisibilizar los problemas urgentes frente a esta problemática.
No estamos en contra de los mineros informales pues ellos son parte de un problema que supone ineficiencias del Estado, en su nivel local, regional y central, tampoco los consideramos vìctimas porque son igualmente responsables. En la cadena de servicios que supone al minería informal, los obreros aceptan trabajar sin ninguna seguridad, si sufren un accidente es problema individual, no hay indemnización, no hay seguro de muerte. Por ello cuando se dice No a la minería informal se dice también No a estas condiciones inhumanas de trabajo. Sin embargo no podemos decir que todos están en esta situación porque hay otros que simplemente se lucran y lo hacen de manera sumamente calculada. Estos últimos deberían recibir todo el peso de la ley porque no sólo contaminan el medio ambiente sino que se aprovechan de la pobreza de cientos de familias sometidas a una situación laboral de alto riesgo. Es por ello que decimos que se trata de un problema social, de oportunidades de desarrollo y de justicia. El desafío es desarrollar capacidades de negociación, de voluntad política, de conciencia de derechos, de co-responsabilidad entre sociedad civil y Estado, es una cuestión de gobernabilidad.
Invocamos a las autoridades a dialogar con planteamientos claros y soluciones factibles. Sugerimos conocer al interlocutor pues hay quienes sí quieren negociar y quieren ser escuchados en sus demandas y propuestas. El problema amerita intentar nuevas estrategias de acción desde un enfoque de lo políticamente correcto por el bien de todos.
Es positivo que el problema de la mina informal en el cerro el Toro se vuelva a plantear y que el ministro del ambiente lo haya hecho, pero es preocupante saber que entre sus roles y competencias no está considerado esta problemática tan compleja. Con sus declaraciones podremos seguir invocando a las autoridades regionales para dar un bien fin a este asunto, pero la vía no puede ser la intervención de la fuerza armada.
La minería informal en el cerro El Toro es un problema que tiene otros temas de fondo, que van más allá de expulsar a la fuerza a los mineros informales. Si ellos han podido desarrollar dicha actividad minera a pocos minutos de Huamachuco es porque de alguna manera se ha permitido y aquí hay responsabilidad tanto de las autoridades locales y regionales, pero también de la población en general, a excepción del alcalde actual y de algunas organizaciones que han tratado de hacer algo, aunque sin ningún resultado. Podemos comprender las limitaciones de una pequeña ONG o de grupos sociales organizados, que cuentan con pocos recursos, que no acceden a instancias del poder estatal, pero nos preguntamos si ésta ha sido la misma situación del gobierno regional, más aún teniendo un regidor y un asesor o ex asesor huamachuquino en dichas instancias y que bien pudieron plasmar la demanda de la sociedad huamachuqina en una propuesta integral de solución. Lo que es necesario evaluar es que este tipo de situaciones pueden prevenirse y resolverse dentro de un Estado de Derecho, de manera altamente profesional, con una gestión eficiente y con justicia social.
El gobierno regional responde que no ha podido hacer nada porque los mineros informales no quieren dialogar y que ni siquiera han podido ingresar al cerro en cuestión porque no los han dejado. Pero ¿eso es todo lo que se podía hacer?, ¿Con quienes se pretendió dialogar y cómo?, ¿Con qué propuestas?. Pero además ¿Por qué se dejó que esta actividad creciera tanto cuando se pudo haber prevenido desde hace años?. Un aspecto a considerar es que los mineros informales no son una masa homogénea que se puede reducir un grupo mafioso que posiblemente domine la zona (que no es un material amorfo en que no se puedan identificar a sus dirigentes). Sin embargo hay un sector de los mineros informales dispuestos a dialogar y a negociar, dispuestos a salir de la mina, pero considerándose su situación como un problema social de la región. Para ver en problema en su totalidad, es preciso analizar e incidir sobre los límites del marco legal, presupuestal y de injerencia política que limita a nuestras autoridades locales para poder intervenir como necesitamos que lo hagan Es preciso también ver la cadena de servicios e intermediarios que se benefician con esta actividad, dentro de los cuales están los concesionarios, los dueños de lotes, los que comercian el metal, entre otros.
Además, es necesario tener claro que parte de la solución no es pasar de una minería informal a la mediana o gran minería sino que primero es necesario saber si es posible o no que la minería se desarrolle en dicha zona. En principio, urge saber técnicamente si el cerro el Toro, por su cercanía a afluentes importantes, es apta para la actividad minera o tal vez deba declarársela zona intangible por el bienestar general de Huamachuco. Esto muy bien lo puede hacer el gobierno regional y posiblemente el gobierno local, estamos seguros que será considerado.
El problema de fondo es, en definitiva, que nuestra región y provincia cuente con adecuados sistemas de gestión ambiental participativo, que pueda prever y controlar los factores de riesgo contaminantes de la minería informal y formal, y que en vez de tener que apagar el fuego, prevea que la actividad minera informal no se difunda en otros lugares, como ya está sucediendo. La intervención militar es peligrosa porque puede crear un conflicto de alto riesgo asì como de pérdidas de vida, y porque puede invisibilizar los problemas urgentes frente a esta problemática.
No estamos en contra de los mineros informales pues ellos son parte de un problema que supone ineficiencias del Estado, en su nivel local, regional y central, tampoco los consideramos vìctimas porque son igualmente responsables. En la cadena de servicios que supone al minería informal, los obreros aceptan trabajar sin ninguna seguridad, si sufren un accidente es problema individual, no hay indemnización, no hay seguro de muerte. Por ello cuando se dice No a la minería informal se dice también No a estas condiciones inhumanas de trabajo. Sin embargo no podemos decir que todos están en esta situación porque hay otros que simplemente se lucran y lo hacen de manera sumamente calculada. Estos últimos deberían recibir todo el peso de la ley porque no sólo contaminan el medio ambiente sino que se aprovechan de la pobreza de cientos de familias sometidas a una situación laboral de alto riesgo. Es por ello que decimos que se trata de un problema social, de oportunidades de desarrollo y de justicia. El desafío es desarrollar capacidades de negociación, de voluntad política, de conciencia de derechos, de co-responsabilidad entre sociedad civil y Estado, es una cuestión de gobernabilidad.
Invocamos a las autoridades a dialogar con planteamientos claros y soluciones factibles. Sugerimos conocer al interlocutor pues hay quienes sí quieren negociar y quieren ser escuchados en sus demandas y propuestas. El problema amerita intentar nuevas estrategias de acción desde un enfoque de lo políticamente correcto por el bien de todos.
