La minería informal y el reto de las políticas de inclusión

Hace pocos días el presidente Humala promulgó la Ley Nº.29815, mediante la cual el Congreso delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias vinculadas a la prohibición de la minería ilegal o informal y la lucha contra la criminalidad asociada a esa actividad.

La prohibición comprende el uso y ocupación del ámbito geográfico nacional, la regulación de zonas de exclusión minera, suspensión de otorgamiento de concesiones, uso de artefactos similares, entre otras y medidas.

Además se tiene en cuenta la lucha contra la criminalidad asociada a la minería ilegal, que abarca cuatro aspectos:

1.-Nuevas leyes y procedimientos que permitan la sanción penal contra quienes, realizando actividades de minería ilegal, afecten el medio ambiente o se encuentren incursos en actividades criminales de grave daño social.

2.-Sanción de personas vinculadas con el lavado de activos y otros delitos relacionados al crimen organizado vinculados a la minería ilegal, ampliando funciones y competencias de la Policía Nacional del Perú.

3.- Perfeccionar la incautación, decomiso y destrucción de los objetos, instrumentos de la actividad informal. Y finalmente la regulación de la distribución, transporte, posesión y comercialización de los insumos químicos.

Estas iniciativa es necesaria porque merecen sanción penal quienes lucran con la venta de recursos como el oro a base de actividades ilícitas, y se aprovechan de la pobreza de cientos de familias para explotarlas y mantenerlas en condiciones de alto riesgo para la vida y la salud, además de la grave contaminación del medio ambiente.

Junto a estos cambios esperamos que se efectúen propuestas de desarrollo rural sostenible, en el marco de un necesario ordenamiento territorial con enfoque de cuencas, el cuidado de los recursos hídricos, el respeto a una vida digna para todos y todas.

Reiteramos que el problema no son los trabajadores de socavón, adultos o niños, no se trata de erradicarlos a ellos, sino de ver el problema en su compleja dimensión, en ese conjunto de arreglos organizativos e institucionales que posibilitan que esta actividad prolifere cada día más en el país . Por un lado estamos frente a un desarrollo eminentemente economicista y extractivista, que acepta que se nos ubique solo como un país exportador de materias primas. Y por el otro lado está el desprecio y abandono del mundo rural, de la economía campesina, del valor nuestra biodiversidad, que sin contaminar ni degradar el medio ambiente, bien podrían ser fuente de riqueza y de efectiva inclusión social.