Se solicitará al Gobierno Regional de La Libertad la instalación de una “Mesa de Trabajo Multisectorial para el ordenamiento de la minería informal en la provincia de Sánchez Carrión”

En Huamachuco, el Viernes 27 de Enero,  se realizó con gran convocatoria el Seminario de trabajo “Construyendo consensos para el ordenamiento de la minería informal en Sánchez Carrión: el caso del Cerro el Toro”. Evento que fue organizado por Proyecto Amigo, Frente de Defensa, Rondas Campesinas, Rondas  Urbanas y Juntas Vecinales y que contó con la presencia de autoridades, representantes del Consejo regional, Municipalidad provincial de Sánchez Carrión, Municipalidad de Sarín, Gerencia de Energía y Minas y Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional, Gerente de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Comercialización, Regidores de la Municipalidad Provincial, Ministerio de Energía y Minas (APOGORE), y de la OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), ALA (Autoridad local del agua), Alcaldes vecinales, Grupo impulsor para el ordenamiento territorial, MPP, Unidad Ejecutora 007, mineros artesanales, Gobernación Provincial, Universidad Nacional de Trujillo, Asociaciòn de escritores, Mesa de concertaciòn, Comité de monitores ambientales, centros de educación, AGRORURAL, Hospital Leoncio Prado, usuarios de Canales de Riego,  Asociaciones, Federaciones y Comités varios.

Al término de las intensas horas de trabajo se decidió conformar la Comisión Impulsora de la Mesa de Trabajo Multisectorial para el ordenamiento de la minería informal en la provincia de Sánchez Carrión, Comisión conformada por representantes de los gobiernos locales y sociedad civil, que solicitará al Gobierno Regional de La Libertad la instalación de una “Mesa de Trabajo Multisectorial para el ordenamiento de la minería informal en la provincia de Sánchez Carrión”, una mesa de diálogo entre mineros artesanales, gobierno regional y local, sociedad civil, y la Comisión Impulsora, teniendo en cuenta el acuerdo regional N. 077-2011-GR-LL/GR y la ampliación que se hará de la misma para abordar el caso del cerro el Toro, Sarín, Sanagoran y otros distritos de la provincia de Sánchez Carrión.

Este es el reinicio de un proceso que repercutirá en el desarrollo sostenible desde un enfoque intercultural y de derechos humanos por el bien común y el buen vivir de todos los pueblos de la provincia.

Huamachuco, 28 de enero del 2012

La minería informal y el reto de las políticas de inclusión

Hace pocos días el presidente Humala promulgó la Ley Nº.29815, mediante la cual el Congreso delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre materias vinculadas a la prohibición de la minería ilegal o informal y la lucha contra la criminalidad asociada a esa actividad.

La prohibición comprende el uso y ocupación del ámbito geográfico nacional, la regulación de zonas de exclusión minera, suspensión de otorgamiento de concesiones, uso de artefactos similares, entre otras y medidas.

Además se tiene en cuenta la lucha contra la criminalidad asociada a la minería ilegal, que abarca cuatro aspectos:

1.-Nuevas leyes y procedimientos que permitan la sanción penal contra quienes, realizando actividades de minería ilegal, afecten el medio ambiente o se encuentren incursos en actividades criminales de grave daño social.

2.-Sanción de personas vinculadas con el lavado de activos y otros delitos relacionados al crimen organizado vinculados a la minería ilegal, ampliando funciones y competencias de la Policía Nacional del Perú.

3.- Perfeccionar la incautación, decomiso y destrucción de los objetos, instrumentos de la actividad informal. Y finalmente la regulación de la distribución, transporte, posesión y comercialización de los insumos químicos.

Estas iniciativa es necesaria porque merecen sanción penal quienes lucran con la venta de recursos como el oro a base de actividades ilícitas, y se aprovechan de la pobreza de cientos de familias para explotarlas y mantenerlas en condiciones de alto riesgo para la vida y la salud, además de la grave contaminación del medio ambiente.

Junto a estos cambios esperamos que se efectúen propuestas de desarrollo rural sostenible, en el marco de un necesario ordenamiento territorial con enfoque de cuencas, el cuidado de los recursos hídricos, el respeto a una vida digna para todos y todas.

Reiteramos que el problema no son los trabajadores de socavón, adultos o niños, no se trata de erradicarlos a ellos, sino de ver el problema en su compleja dimensión, en ese conjunto de arreglos organizativos e institucionales que posibilitan que esta actividad prolifere cada día más en el país . Por un lado estamos frente a un desarrollo eminentemente economicista y extractivista, que acepta que se nos ubique solo como un país exportador de materias primas. Y por el otro lado está el desprecio y abandono del mundo rural, de la economía campesina, del valor nuestra biodiversidad, que sin contaminar ni degradar el medio ambiente, bien podrían ser fuente de riqueza y de efectiva inclusión social.

“CONSTRUYENDO CONSENSOS PARA UNA LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL”

Los días 6 y 7 de octubre del presente año, en la ciudad de Lima, se llevó a cabo el Seminario Taller “Construyendo Consensos para una Ley de Ordenamiento Territorial”; en el cual el Gobierno Regional de San Martín y de Cajamarca, a través del equipo técnico de la Zonificación Ecológica y Económica-ZEE, tuvieron a cargo la exposición sobre Balance de la experiencia ZEE: dificultades, aprendizajes y recomendaciones para una Ley de Ordenamiento Territorial. Se resaltó la necesidad de que dio proceso fuera participativo, transparente, democrático y consensuado, en el marco de una visión de desarrollo sostenible.

Estuvieron presentes representantes de los Gobiernos Regionales y de organizaciones sociales de Puno, Moquegua, Junín, entre otros, quienes manifestaron su interés de desarrollar capacidades de gestión ambiental, de intercambiar experiencias, de aprender de metodología utilizadas por el proceso ZEE en distritos, provincias y regiones, considerando su adaptabilidad para cada territorio y población específica.

Además, el Ing. Efraín Arana Salinas, Director General de Ordenamiento Territorial del Ministerio del Ambiente, presentó los contenidos para una Ley de Ordenamiento Territorial, con el objetivo de recoger aportes de los y las participantes, entre los cuales estaba una representante del Proyecto Amigo y miembro del Grupo Impulsor de OT de la provincia de Sánchez Carrión, La Libertad. Es así que se tuvo la oportunidad de analizar, discutir, y consensuar aspectos relacionados con el concepto de Ordenamiento Territorial - OT, enfoque y principios; con la rectoría, competencias y articulación en los procesos de OT; con los instrumentos de planificación y gestión del territorio y, con la participación ciudadana; en los cuales desde la experiencia de los participantes, se puso de manifiesto la discusión y el debate, pero sobre todo los importantes aportes que nutrirán el contenido de la propuesta de Ley de Ordenamiento Territorial del Perú y promoverán la aprobación de Instrumentos Técnicos Normativos complementarios para el Ordenamiento Territorial.

En este evento se hizo mención de la iniciativa ciudadana en Huamachuco, promovida por Proyecto Amigo, desde el año pasado, por la cual se ha conformado el Grupo Impulsor de OT con representantes de OS como el Frente de Defensa, Ronderos Campesinos, Ronderos Urbanos, Alcaldes y Juntas Vecinales, Municipalidad provincial de Sánchez Carrión, Unidad Ejecutora Marcawamachuco, Agencia Agraria, Mesa de Concertación, UGEL-SC, Hospital SC, Municipalidad de Sarín y Chugay, entre otros. Este colectivo ha decidió trabajar, como primer paso, el componente de participación con la población, desde una perspectiva de derechos humanos y de real inclusión de los pueblos a decidir sobre el tipo de desarrollo que desean en sus territorios. A partir de este proceso se espera conformar el Grupo Gestor, que deberá ser liderado por la municipalidad provincial, cuya primera meta será la zonificación ecológica y económica de Sánchez Carrión.

Los topos de nuestro territorio: el caso del Cerro El Toro

La expansión de la actividad minera continúa en el cerro el Toro, ya no sólo de manera informal y artesanal, sino también a través de la mediana minería. Es una situación de impacto ambiental y social que se profundiza ante la desidia y las promesas incumplidas de las autoridades correspondientes.

Las organizaciones sociales, activistas medioambientales y autoridades estatales de Huamachuco, sierra de la Libertad, sostienen que no hay voluntad política del gobierno regional para solucionar una situación que lleva varios años.


La Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburos anunció hace meses que iniciaría un plan estratégico sobre la minería informal en el Cerro El Toro; sin embargo, hasta ahora no se conocen resultados. Mucho menor es la acción respecto a la entrada de la mediana minería en la zona, como es la Mina Santa Marina y la empresa Corporaciòn de Centro SAC, que estaría relacionada con la familia Sánchez Paredes.

El Cerro El Toro sigue inaccesible. Los enfrentamientos ocurridos con la población y con representantes estatales, las investigaciones en el lugar para verificar las denuncias sobre precariedad laboral, riesgo socio ambiental, entre otros aspectos, y la irrupción de la mediana minera, han hecho que las asociaciones de mineros se provean de extrema seguridad.

Un aspecto a considerar es que los mineros informales no son una masa homogénea que se puede representar en los grupos que dominan la zona. Hay un sector de mineros dispuestos a dialogar, que piden se observe la compleja cadena de servicios, e intermediarios que se benefician con esta actividad extractiva, y se deje de focalizar el problema en el minero de socavón. Lamentablemente esta oportunidad de diálogo no es atendida, por lo que queda la tarea de asumirlo como un desafío, e intentar caminos alternativos de solución.

En medio de todo, niños, niñas y adolescentes siguen arriesgando la vida y la salud; las muertes quedan impunes; se amenaza y acosa a quienes pretenden el respecto de los derechos humanos. Todo ello y más, mientras los verdaderos topos, la mafia y la red de corrupción sigue paseándose por los socavones de este territorio nor andino.

El derecho a la inclusión y la soberanía de los pueblos

La ley de consulta, aprobada hace poco en el Pèru, es una oportunidad para debatir sobre cuestiones de fondo respecto a los derechos de los pueblos indígenas y las posibilidades de que nuestro Estado se piense en su condición pluricultural. Son cuestiones que, además, bien podrìan complementar la perspectiva de la inclusión social de nuestro actual gobierno.

La inclusión, como derecho político, implica reconocer la radicalidad que suponen las diferencias, un viraje desde la hegemonía hacia la diversidad, en que ser diferente no signifique ser peligroso y por lo tanto marginado, sino que se pacte una nueva manera de relación social, en que sea posible enunciar todos los nombres de los pueblos.

Que el Estado sea pluricultural requiere, entre otras cosas, que se deje afectar en sus estructuras, que su soberanía sea efectivamente limitada al reconocer la soberanía de los pueblos, su derecho de autodeterminación. Los pueblos indígenas demandan este derecho no con la pretensión de retirarse e ir contra la unidad del Estado, aunque así lo asevere el discurso dominante, haciéndolo ver como algo aventurado. Lo que se pide es inclusión, reconocimiento, ser parte de la construcción de un Estado, de extender su propia libertad.

El derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir su propio modelo de desarrollo económico, social y cultural. Se trata de un derecho sustentado en documentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. El Convenio 169 es otro ejemplo por el cual los Estados ceden parte de su soberanía, como expresión necesaria para constituir Nación. La inclusión, entonces, no puede entenderse como asimilación a un sistema ya dado sino más bien su necesaria transformación.

El derecho de autodeterminación presenta también una dimensión económica, por la cual todos los pueblos, para el logro de sus fines, pueden disponer libremente de sus riquezas y bienes naturales. Es un aspecto que sustenta el pedido de los pueblos de incluir otro modelo de desarrollo y otra manera de relacionarse con la madre tierra. Es una demanda cuyo espíritu de resistencia al extractivismo y depredación de la naturaleza, esboza el horizonte del Buen Vivir de los pueblos del Abya Yala.

El pasado mes de Julio los pueblos de la América Latina solicitaron, en la Cuarta Sesión del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, que se dedique un estudio de la relación que existe entre libre determinación de los pueblos, su soberanía sobre los recursos naturales y la efectividad del derecho indígena a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado. Es un pedido que hacemos nuestro y que debemos asumir como un compromiso ineludible.

Proyecto Amigo: Los niños y adolescentes trabajadores(NATS) en la mineria artesanal (Parte1)

Proyecto Amigo: Los niños y adolescentes trabajadores(NATS) en la mineria artesanal (Parte1)

Ministro Brack critica la minería informal del Cerro el Toro

El dìa 13 de Setiembre, en el diario La Repùblica, el ministro del medio ambiente, Antonio Brack, exigiò al gobierno regional La Libertad intervenir en el Cerro El Toro para paralizar la práctica de la minería informal, que provoca un grave problema social y medio ambiental.

Sostuvo que la Gerencia Regional de Energía y Minas tiene la obligación de intervenir y buscar la formalización de esta actividad. No descartó la posibilidad de que su portafolio emita un decreto supremo, donde se declare en emergencia la zona como se hizo en Madre de Dios. Agregó que su despacho no ha recibido ninguna solicitud de apoyo al respecto.

Proyecto de ley para prohibir uso de cianuro en la minerìa

NOTA DE PRENSA DE LA RED MUQUI
20 de agosto de 2010

Presentan proyecto de Ley que prohíbe uso de cianuro en la minería del oro

Un grupo de parlamentarios de diversas bancadas presentaron ayer el proyecto de Ley Nº 4236/2010-CR que prohíbe el uso de cianuro en la minería del oro con el objetivo de proteger la salud de las personas, evitar la contaminación de los recursos hídricos y la biodiversidad existente en el entorno de la actividad minera.

El documento, que consta de 13 páginas, propone que esta medida sea aplicada a toda actividad minera de carácter acuífero que se encuentre operando actualmente, así como a los futuros proyectos.

Asimismo, establece un plazo de dos años para que las empresas dedicadas a la extracción de dicho mineral modifiquen sus tecnologías de operación, a fin de que el cianuro sea reemplazado. Mientras que las nuevas compañías que inicien sus operaciones deberán utilizar tecnologías que no usen cianuro.

Esta iniciativa legislativa tiene como antecedente la decisión adoptada por el Pleno del Parlamento Europeo (PE), el pasado 5 de mayo, en el que se aprobó una resolución que establecía la prohibición total del uso de cianuro en la minería europea antes del fin de 2011, con el fin de proteger los recursos hídricos y la biodiversidad.

El texto, que recibió 488 votos a favor, 48 en contra y 57 abstenciones, reclamaba a la Comisión Europea (CE) que proponga esa medida y elimine cualquier apoyo directo o indirecto a proyectos mineros que supongan el uso de cianuro.

La minería informal en el cerro el Toro y la intervención de las fuerzas armadas- Huamachuco La Libertad

El 19 de Setiembre el ministro del Medio Ambiente Antonio Brack manifestó que la minería informal que se realiza en el cerro El Toro es un tema muy difícil. Para el ministro la solución la deberían dar las autoridades regionales con las Fuerzas Armadas y la policía. “Los mineros informales no quieren que entre nadie a esas tierras y no se puede llegar a un acuerdo", enfatizó. Brack recordó que las autoridades han querido dialogar con los mineros informales, pero estos han procedido a actuar con violencia y continúan contaminando el medio ambiente. Por lo tanto, deben ser sacados por la fuerza. Esta sería la única alternativa para controlar a una mafia con la que no hay ninguna posibilidad de diálogo porque pretenden seguir manteniendo al cerro El Toro en “tierra de nadie", es decir que no se respeta la ley y el orden. Además precisó que “las mineras informales y su fiscalización son responsabilidad de los gobiernos regionales y no del Ministerio del Ambiente”.

Es positivo que el problema de la mina informal en el cerro el Toro se vuelva a plantear y que el ministro del ambiente lo haya hecho, pero es preocupante saber que entre sus roles y competencias no está considerado esta problemática tan compleja. Con sus declaraciones podremos seguir invocando a las autoridades regionales para dar un bien fin a este asunto, pero la vía no puede ser la intervención de la fuerza armada.
La minería informal en el cerro El Toro es un problema que tiene otros temas de fondo, que van más allá de expulsar a la fuerza a los mineros informales. Si ellos han podido desarrollar dicha actividad minera a pocos minutos de Huamachuco es porque de alguna manera se ha permitido y aquí hay responsabilidad tanto de las autoridades locales y regionales, pero también de la población en general, a excepción del alcalde actual y de algunas organizaciones que han tratado de hacer algo, aunque sin ningún resultado. Podemos comprender las limitaciones de una pequeña ONG o de grupos sociales organizados, que cuentan con pocos recursos, que no acceden a instancias del poder estatal, pero nos preguntamos si ésta ha sido la misma situación del gobierno regional, más aún teniendo un regidor y un asesor o ex asesor huamachuquino en dichas instancias y que bien pudieron plasmar la demanda de la sociedad huamachuqina en una propuesta integral de solución. Lo que es necesario evaluar es que este tipo de situaciones pueden prevenirse y resolverse dentro de un Estado de Derecho, de manera altamente profesional, con una gestión eficiente y con justicia social.
El gobierno regional responde que no ha podido hacer nada porque los mineros informales no quieren dialogar y que ni siquiera han podido ingresar al cerro en cuestión porque no los han dejado. Pero ¿eso es todo lo que se podía hacer?, ¿Con quienes se pretendió dialogar y cómo?, ¿Con qué propuestas?. Pero además ¿Por qué se dejó que esta actividad creciera tanto cuando se pudo haber prevenido desde hace años?. Un aspecto a considerar es que los mineros informales no son una masa homogénea que se puede reducir un grupo mafioso que posiblemente domine la zona (que no es un material amorfo en que no se puedan identificar a sus dirigentes). Sin embargo hay un sector de los mineros informales dispuestos a dialogar y a negociar, dispuestos a salir de la mina, pero considerándose su situación como un problema social de la región. Para ver en problema en su totalidad, es preciso analizar e incidir sobre los límites del marco legal, presupuestal y de injerencia política que limita a nuestras autoridades locales para poder intervenir como necesitamos que lo hagan Es preciso también ver la cadena de servicios e intermediarios que se benefician con esta actividad, dentro de los cuales están los concesionarios, los dueños de lotes, los que comercian el metal, entre otros.

Además, es necesario tener claro que parte de la solución no es pasar de una minería informal a la mediana o gran minería sino que primero es necesario saber si es posible o no que la minería se desarrolle en dicha zona. En principio, urge saber técnicamente si el cerro el Toro, por su cercanía a afluentes importantes, es apta para la actividad minera o tal vez deba declarársela zona intangible por el bienestar general de Huamachuco. Esto muy bien lo puede hacer el gobierno regional y posiblemente el gobierno local, estamos seguros que será considerado.

El problema de fondo es, en definitiva, que nuestra región y provincia cuente con adecuados sistemas de gestión ambiental participativo, que pueda prever y controlar los factores de riesgo contaminantes de la minería informal y formal, y que en vez de tener que apagar el fuego, prevea que la actividad minera informal no se difunda en otros lugares, como ya está sucediendo. La intervención militar es peligrosa porque puede crear un conflicto de alto riesgo asì como de pérdidas de vida, y porque puede invisibilizar los problemas urgentes frente a esta problemática.

No estamos en contra de los mineros informales pues ellos son parte de un problema que supone ineficiencias del Estado, en su nivel local, regional y central, tampoco los consideramos vìctimas porque son igualmente responsables. En la cadena de servicios que supone al minería informal, los obreros aceptan trabajar sin ninguna seguridad, si sufren un accidente es problema individual, no hay indemnización, no hay seguro de muerte. Por ello cuando se dice No a la minería informal se dice también No a estas condiciones inhumanas de trabajo. Sin embargo no podemos decir que todos están en esta situación porque hay otros que simplemente se lucran y lo hacen de manera sumamente calculada. Estos últimos deberían recibir todo el peso de la ley porque no sólo contaminan el medio ambiente sino que se aprovechan de la pobreza de cientos de familias sometidas a una situación laboral de alto riesgo. Es por ello que decimos que se trata de un problema social, de oportunidades de desarrollo y de justicia. El desafío es desarrollar capacidades de negociación, de voluntad política, de conciencia de derechos, de co-responsabilidad entre sociedad civil y Estado, es una cuestión de gobernabilidad.

Invocamos a las autoridades a dialogar con planteamientos claros y soluciones factibles. Sugerimos conocer al interlocutor pues hay quienes sí quieren negociar y quieren ser escuchados en sus demandas y propuestas. El problema amerita intentar nuevas estrategias de acción desde un enfoque de lo políticamente correcto por el bien de todos.

Carta abierta al ministro del Ambiente Antonio Brack

Lima, 30 de septiembre del 2008


Señor
Antonio Brack Egg
Ministro del Ambiente
Lima.-

De nuestra consideración:

Reciba el cordial saludo de Proyecto Amigo, una institución sin fines lucro que, entre otras cosas, brinda asesoramiento y acompañamiento a poblaciones afectadas por la minería.

Por diversos medios de comunicación hemos tomado conocimiento de las declaraciones que Ud. habría efectuado en torno al problema de la minería informal existente en el cerro El Toro, ubicado en Huamachuco, en La Libertad. Tenemos entendido que Ud. ha señalado la necesidad de usar tropas del Ejército y de la Policía Nacional para erradicarla.

Al respecto, debemos señalar lo siguiente:

Saludamos su interés en abordar la problemática de la minería informal en el cerro El toro. Sin embargo, consideramos que las medidas que propone para alcanzar dicho fin no son las más adecuadas.

Proyecto Amigo ha sido una de las organizaciones que ha expresado su preocupación por los impactos negativos que viene causando la minería informal del cerro El Toro en Huamachuco. Se han realizado acciones sobre el tema ante el Ministerio de Energía y Minas y el Poder Judicial a fin de que haya una respuesta efectiva del Estado. También se ha brindado información para que a través de los medios de comunicación se sensibilice a la opinión pública y a las autoridades, y se ponga en agenda pública el tema, sin embargo muy poco se ha avanzado.

La minería informal existente en el Cerro El Toro no solamente es un problema ambiental y económico, sino también social. Problema que también incluye la presencia de niños trabajadores en una situación de alto riesgo para sus vidas y salud.

Han pasado varios años desde que la minería informal se instaló de esta zona, convirtiéndose en un sustento económico para muchas familias. Son cerca de dos mil personas vinculadas a dicha actividad extractiva. Por tal motivo, pretender erradicarla por la fuerza, sin ofrecer alternativas a la población que vive de ella, generaría más violencia. Más aún cuando dentro de ella existe un pequeño grupo de mineros que estarían siendo apoyados por mafias de narcotraficantes, que según denuncias periodísticas promoverían actos de violencia. Asunto que pedimos se investigue.

La solución tampoco es pasar de una mina informal y artesanal a la gran minería, sino que urge saber si técnicamente es posible continuar con dicha actividad en la zona en cuestión o debe declarársela zona intangible.

Somos de la opinión que el Ministerio del Ambiente podría contribuir a encontrar una salida pacífica, con el concurso de las autoridades ediles y de la región; así como de los propios actores e instituciones de la sociedad civil interesadas en el tema. Urge tener un adecuado diagnóstico y un espacio colectivo de discusión y análisis para plantear alternativas viables.

Esperamos que su liderazgo pueda ayudar a salir del entrampamiento que existe del caso desde hace mucho tiempo.

Muy atentamente,

Nury García
Proyecto Amigo
Directora Ejecutiva

La herida aún no cierra

Por Flor Elvira Vazallo Peña (Lima, Diario La República, 20.09.08)
(http://www.larepublica.com.pe/content/view/244971/592/)

Al cumplirse cinco años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), aún se escuchan las voces de aquellos padres sin hijos y de hijos sin futuro que la violencia interna dejó vivas porque no lograron callarlas con los golpes y la muerte.
Voces que a pesar del tiempo dejan sentir el dolor que significó ver la muerte de seres amados. Voces como la de Teodoro García Araujo, fiel testigo del asesinato de su hijo Sindulfo García Calderón.
"Era el 11 de octubre de 1985. Él tenía solo 19 años y fue el alcalde más joven de Sanagorán (uno de los ocho distritos de la provincia Sánchez Carrión, ubicada en el departamento de La Libertad), cuando fue muerto", recuerda.
Sindulfo se encontraba descansando y llegó un grupo de senderistas armado. "Él se escondió en el techo de su casa, luego bajó. Los terroristas lo rodearon, fue conducido a la municipalidad, ahí lo mataron en el almacén, de tres balazos en la cabeza".
En Huamachuco, se escribieron con balas y torturas diversos crímenes de niños y sus madres y de padres agricultores.
Hechos que cambiaron la vida de Maximina Rodríguez Álvarez (42) una madrugada del 11 de julio de 1992. Presuntos subversivos llegaron hasta su hogar asegurando que eran "compañeros".
TESTIMONIOS
"¡Prende la luz. Dónde está tu papá!", preguntaban al hijo del guardián de la Hidroeléctrica de Yamobamba. "Mi papá se ha ido a Huamachuco", contestó uno de los hijos. "Estás mintiendo", mi papá ha ido a la Colpa, expuso el otro hermano.
La contrariedad llevó a los llamados subversivos a pensar que estaban mintiendo, dice Maximina. Detalla que una voz de mujer dijo desde el exterior de la casa: ¡Sáquenlos!… "Y empezó el interrogatorio".
El hecho giraba en torno al canal de regadío, y tras varias horas de torturas, al no dar con el paradero del padre, ambos hijos, Teófilo y Sixto Ruiz Peña, fueron asesinados. "Nos encerraron, pero logré cruzar la puerta; fui a verlos, estaban muertos en el patio", expresa la viuda.
Rafaela Oloya Barrios (56) es una madre que llora hoy la muerte de su hijo Santos Solano Oloya en un atentado terrorista contra un comboy de la Policía. El joven acompañaba a los agentes. "Mi hijo volvió en el camión con los seis policías y el comandante Jorge Palomino, cuando este fue minado y explotó. Murieron todos", recuerda. Su sufrimiento y abandono moral y económico son patentes. La venta de "marcianos" y otros no es suficiente. "Mi único hijo murió, estoy sola, nadie ha reparado su muerte…".

EL CASO SANDOVAL
"Mataron a mi esposo por no unirse a las filas", habla otra viuda, Clara Sandoval Laguna (47), su testimonio es uno de los actos de padecimiento más fuertes de esos años, sucedido en el pueblo de Hualay-Sarín en la provincia de Sánchez Carrión.
Relata la muerte de su esposo, Juan Mauricio Carhuallay (31), y los hermanos de este, Mario (33) y Alejandro Mauricio Carhuallay (27). Contó que estaba con dolores de parto cuando unos seis o siete sujetos armados rodearon su casa y colocaron dinamita en la puerta para que no salga.
"Los que buscaban a mi esposo eran como seis o siete, uno ingresó, los demás rodearon la casa. Yo estaba con mi mamá y mis tres hijos menores de 7, 5 y 2 años". A pesar de sus rezos, los desconocidos ubicaron a sus familiares y los ejecutaron de un balazo en la cabeza a cada uno.
"Al escuchar los disparos saltamos sobre la dinamita de la puerta y fuimos a verlos, estaban muertos. Sufrí susto, mi niña nació a los dos días, yo estaba inconsciente y un partero la jaló. Nació muerta", expresa en llanto.
Señala que los cadáveres no pudieron ser llevados a Huamachuco, para la autopsia y al día siguiente fueron enterrados. "A los quince días abandoné mi tierra, me trasladé a Huamachuco y empecé a trabajar".


EL TRAUMA DE LA VIOLENCIA
"Me detuvieron, siendo inocente", es otro relato evocado de una víctima, en el anonimato y que aún no abre su testimonio ni se registra en la Asociación de víctimas de la Violencia Política-Sánchez Carrión", que acoge la Casa de la Memoria, conformada en esta ciudad desde setiembre del 2007, por el Proyecto Amigo.
El trauma de la violencia que la condujo a los calabozos, para luego de varios años ser liberada por inocente, se percibe en su mirada.
Existen otros casos que se mantienen aún en el anonimato, pero que exigen justicia y reparación. El repaso de lo acontecido lleva el reclamo de un pueblo que reclama no ser marginado a causa de la injusticia que les tocó vivir en una época que tampoco debemos olvidar, pues, como dice un lema, "un pueblo sin memoria es un pueblo sin destino". Que no se repita.
El saldo de la violencia
La provincia de Sánchez Carrión era una vez más en su historia impactada por el nefasto problema social. Los distritos de Sarín, Curgos, Sanagorán y Marcabalito sufrían en carne propia los estragos de la zona roja y su insurgencia.
La masacre de Curgos es similar a los casos de La Cantuta, Accomarca, Uchurajay. Aún no es reivindicada. Los implicados en su mayoría se encuentran no habidos en el extranjero y pocos habrían rendido su manifestación.

Por la memoria, la justicia y la reconciliación

El Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación es el esfuerzo de miles de peruanos comprometidos en que no se olvide la violencia que vivimos en el país y la necesidad de cambios para que ello no vuelva a suceder. En ella se recogen testimonios de sobrevivientes y de familiares cuyos seres queridos fueron muertos, pero acompañado con una análisis de las causas y las secuelas de la confrontación sangrienta que sufrió el país. También se analiza la participación de diversos actores, sus responsabilidades y su no imputabilidad sobre aquello que hicieron u omitieron respecto a la justicia, la vigencia de los derechos humanos y la dignidad de cada persona. En parte se hace una reflexión sobre el uso de los medios para conseguir fines, de si tenemos derecho a decidir por la vida de los otros y sobre el tipo de reformas que necesitamos con urgencia. El informe no señala “bandos”: el gobierno versus los grupos terroristas, sino que nos hace ver cómo todos estuvimos involucrados, porque aunque no nos demos cuenta, esa violencia nos afectó y nos sigue afectando a todos y todas. Es vital darnos cuenta que contribuimos con el no cambio cuando seguimos pensando en una jerarquía de valor donde la gente del campo y aquellos que vienen de la “ jalca” son los que no tienen derecho ni siquiera a una tierra y agua sana, que le permita seguir sobreviviendo.

La mayoría de los que fueron muertos eran gente del campo, los “insignificantes” cuya desaparición parecía ser justificada por todos. Y eso se demuestra por la indiferencia como se ha tomado, en algunos sectores, este informe de la CVR, como si fuera problema de algunos.

Hace poco se ha conformado la asociación de familiares víctimas de la violencia armada de Sánchez Carrión. No se ha hecho propaganda porque su presencia supone cuestionarnos la manera tan fácil como sostenemos que estamos trabajando por la democracia y el desarrollo humano. Su existencia nos confronta con nuestras incoherencias e indiferencias. Es una labor que no garantiza un puesto de trabajo ni financiamiento externo. No ha beneficios sino un duro enfrentar el dolor y acercarse a la crueldad de la que todos somos capaces. Estas personas han esperado varios años para poder llorar a sus muertos -con otros-con justicia-en un espacio de seguridad y respeto, en la búsqueda de reivindicación, no de venganza.

El Informe Final de la CVR nos convoca a dejar la actitud de “espectadores” para actuar efectivamente sobre la tarea de que esto no vuelva a repetirse nunca más.

Campaña CVR+5

El Movimiento ciudadano ‘Para Que No Se Repita’ (PQNSR) y el Consejo de la Prensa Peruana, con el auspicio de la Defensoría del Pueblo, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, la Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad (CIDSE – Perú) y la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales del Perú; convocan a periodistas, investigadores y comunicadores sociales de los medios de prensa escrita, radial y televisiva a participar en el “Concurso Nacional de Periodismo CVR + 5”.
El objetivo del Concurso es reconocer los mejores trabajos periodísticos –emitidos en algún medio de comunicación entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre del 2008– que hayan contribuido a poner en la agenda pública y sensibilizar a la población sobre los avances en la implementación de las Recomendaciones del informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), al conmemorarse este 2008, los cinco años de su presentación.

En Huamachuco estaremos presentes.

Campaña "PORQUE ERES IMPORTANTE"

Se está preparando la campaña "PORQUE ERES IMPORTANTE", destinado a visibilizar la problemática de las trabajadoras del hogar en la provincia de sanchéz Carrión.
Proximamente les daremos más noticias

TESTIMONIOS

Hay muchas niñas y adolescentes que son maltratas, de manera “justificada”, porque no saben hacer bien el trabajo. Lamentablemente las familias que “dan” a sus hijas para trabajar no se interesan realmente de su situación y ello es aprovechado para abusar de las menores. El porcentaje de niñas golpeadas y violadas es alarmante

“Todos los días tengo que darle la leche a la bebé de mi patrona. En la noche ella me levanta para que vaya a calentar el agua. Cuando reniega, porque su hijita llora, me pega de la nada y me dice cosas muy feas. Yo me pongo a llorar y me grita “Mierda, cállate, ¿tú también vas a hacer bulla?
Cuando le digo a mi mamá que me saque de ese trabajo, me dice que no puede porque le debe plata a la señora y me dice que agüeante no más.
Una noche el patrón entró donde dormía, yo estaba llorando porque extrañaba a mi mamá, yo creía que él era bueno y me iba a calmar, pero lo que hizo fue algo horrible, no lo puedo contar a nadie”.

Melchora
Niña trabajadora de hogar de 11 años

“Me llevaron a Lima cuando tenía 7 años. Tenía varios hermanos y mi mamá dice que no tenía para darnos de comer. La patrona era muy renegona y yo le tenía miedo. Al año regresé a Huamachuco y me llevaron donde una familia para cuidar a sus hijos menores. Un día se murió un pollito del corral que ellos tenían. El señor me echó la culpa, agarró un palo y me golpeó en la cintura, grité y traté de correrme, pero no sentía mis piernas, me quemaba la cintura y, me desmayé. No me acuerdo más, luego desperté en otra casa. Me habían escondido. Yo tenía 9 años. Ahora que tengo 18, sigo teniendo miedo que me peguen en el trabajo”. Anita
Adolescente trabajadora del hogar

Las Trabajadoras del Hogar

Las Trabajadoras del Hogar son consideradas para muchas personas como ciudadanas de «segunda clase», no aparecen en las estadísticas y mucho menos en las políticas sociales a pesar de ser un grupo económico muy importante en nuestro País.

Las Trabajadoras del Hogar tienen derechos reconocidos en una Ley que regula su actividad, pero no exageramos al decir que estos derechos no se cumplen. Las empleadas de hogar siguen sufriendo la discriminación, la exclusión y el racismo.

La realidad de las trabajadoras del hogar representa el irrespeto sistemático de los derechos humanos. Incluso se encuentran muchas formas de esclavitud.

Es necesario que en Sánchez Carrión nuestra infancia y adolescencia trabajadora sea respetada, valorada y reconocida.

TRABAJO INFANTIL DOMESTICO

El trabajo infantil doméstico es el que realizan las niñas menores de 16 años.

Esta problemática suele ser “invisible” porque la niña trabaja sola y suele estar recluida en una casa privada.

Estas niñas no existen como grupo a ser considerado en las políticas locales. Resulta difícil llegar a ellas, saber cuántas son y en qué condiciones están. Por tal razón es un grupo en riesgo de ser maltratado y explotado.


La mayoría de las niñas trabajadoras domésticas empiezan a trabajar entre los 9 y los 11 años de edad. Las niñas realizan el servicio doméstico en los momentos en que deberían estar en la escuela. Si van al colegio no pueden seguir adecuadamente y se retiran. La mayoría de ellas están mal nutridas, carentes de afecto, extrañan a su familia. No logran estudiar como quisieran, no pueden cumplir con las tareas. Se sienten marginadas y hasta avergonzadas por el trabajo que hacen. Se consideran torpes o tontas y llegan a creer que nunca podrán mejorar su vida.

Los niños y adolescentes trabajadores (NATS) en la minería artesanal (última parte)

Después de dar a conocer algunas características del trabajo infantil y adolescente en la minería artesanal de oro, intentaremos dar algunas respuestas a las preguntas con las que iniciamos esta reflexión: ¿Deben ser los NATS completamente apartados de dicha actividad? ¿O sólo deben mejorarse las condiciones de salud y de seguridad en la mina? ¿Quiénes deben ser considerados niños y adolescentes en riesgo cuya incorporación a este trabajo debe prevenirse?

El trabajo minero infantil ayuda a responder, en el corto plazo, la situación de pobreza, pero a largo plazo no permite que dicha situación se modifique; muy por el contrario, solo dejan secuelas muy profundas que harán que mañana aquel niño o adolescente que fue minero, sea padre o madre de otros niños mineros, es decir que sus hijos también serán pobres, explotados y con menos posibilidades de superar su condición de exclusión.
La mayoría de NATS mineros sufren de anemia, desnutrición crónica, tuberculosis, afecciones óseas, intoxicación por inhalación de mercurio y cianuro, contusiones, cortes, fracturas. En zonas frías existe una alta incidencia de reumatismo y artritis, así como severas enfermedades respiratorias. En algunas zonas los niños se inician precozmente en el consumo de la coca para tener más fuerza o para no tener hambre y sueño. Muchos NATS mineros dejan de ir a la escuela, pero los que sí van presentan problemas de rendimiento escolar que se traduce en repeticiones o abandono del colegio, dificultad para aprender y comprender al profesor, se duermen en clases ya sea por cansancio físico, por cuadros de desnutrición o por la exposición al mercurio y cianuro. Son niños que pierden doblemente, porque pierden su presente y sacrifican su futuro.

Se puede concluir que este tipo de trabajo debe ser combatido, necesitando de acciones globales, que incluyan desde un nivel internacional, como los convenios de la organización internacional del trabajo (OIT), hasta la voluntad de aquellos que estén más cerca, en las comunidades donde ocurre.Pensar en una solución para el trabajo infantil, en un primer momento, parece sencillo: "sacarlos del trabajo y ponerlos en la escuela". Sin embargo se trata de una tarea muy compleja, que supone cuestiones no sólo económicas, sino también sociales, culturales y políticas.

Dada la complejidad del problema y de las causas que subyacen a él, el retiro sostenible de los niños de esta actividad no es factible por la simple disposición de la ley o a la fuerza. Retirar niños de este trabajo sin cambiar las condiciones de la minería artesanal ni la situación de estas familias y comunidades, no garantiza que otros niños no reemplacen a los retirados, o que estos no se desplacen de una zona minera a otra. Es por ello que la preocupación por este tipo de infancia y adolescencia debe concretizarse en proyectos de desarrollo con un enfoque de desarrollo sostenible.

A nivel global, el Programa Internacional de la OIT para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) es la mayor propuesta de cooperación técnica del mundo en materia de trabajo infantil. El IPEC estimula, orienta y apoya en más de 60 países las iniciativas de los gobiernos para eliminar el trabajo infantil. Desarrolla proyectos para crear las condiciones óptimas para erradicar progresivamente el trabajo infantil en la minería artesanal en el Perú. Dichos proyectos se desarrollan en colaboración con diversos actores sociales entre los cuales se encuentran organismos del Estado como el Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Trabajo, MIMDES, Ministerio de Educación, ministerio de salud así como las ONGs.

Hay un porcentaje alto de NATS en la provincia de Sánchez Carrión que necesita trabajar, que opta por resolver su problema de sobrevivencia a través de algo productivo. No optan por robar ni mendigar, pero en su necesidad sólo ven el día presente, no importa el después. Hay miedo de tener hambre y de ello se aprovechan los que realmente ganan, no importando si las actividades a la que exponen a los NATS son ilegales y altamente dañinas. Se trata de una problemática urgente que no podemos seguir ignorando.
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El trabajo infantil en minería artesanal presenta características que lo ubican como una de las peores formas de trabajo infantil, cuya eliminación está prevista en el convenio 182 de la OIT, ratificado por el Estado peruano en el 2002.

Los niños y adolescentes trabajadores (NATS) en la minería artesanal (ParteII)

En el Perú existe una larga lista de trabajos peligrosos que realizan niños, niñas y adolescentes. El trabajo en minería artesanal de oro es el que más destaca. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 50,000 los niños, niñas y adolescentes trabajan en la minería artesanal de oro, particularmente en los departamentos de Madre de Dios, Puno, Arequipa, Ayacucho y La Libertad.

Los niños, niñas y adolescentes, trabajan con sus padres o para terceros en labores mineras artesanales debido a los siguientes factores:

1) Los ingresos del minero artesanal o del campesino son insuficientes para satisfacer las necesidades de su familia.
2) No existen servicios locales de educación, salud y nutrición, o son muy deficitarios para prevenir que los NATS realicen estas labores.
3) Las familias mineras conservan patrones culturales que justifican el trabajo de los
Niños, aunque sean de alto riesgo.
4) La minería artesanal se desenvuelve sin un marco adecuado de protección y promoción para un desarrollo sostenible. Los gobiernos locales no promueven un desarrollo real.
5) Los servicios públicos, es decir, del Estado, y los programas sociales llegan escasamente o no llegan a las poblaciones minero artesanales.

Las políticas que promueven la protección de la infancia y adolescencia que trabaja y la vigencia de sus derechos llegan débilmente o no llegan a estas zonas

¿Cómo esta problemática afecta a los NATS?
1) Los niños dedicados a la minería artesanal tienen menos posibilidades de desarrollar sus capacidades y es muy probable que como adultos no puedan satisfacer sus necesidades básicas ni las de sus familias. Es posible que sus hijos reproduzcan el patrón de trabajo infantil. Los NATS dedicados a la minería artesanal están condenados a repetir el círculo de la pobreza.
2) La salud de los NATS se ve seriamente afectada por las exigencias físicas, los riesgos y la contaminación de la minería artesanal. En el momento no sienten las consecuencias pero con el tiempo la condición física se debilita y surgen enfermedades. Muchos quedarán incapacitados.
3) La matrícula, el rendimiento y la permanencia de los niños en la escuela se ven en conflicto o postergados por el trabajo.
4) Las necesidades infantiles de protección, juego y afecto de los niños que trabajan,
se ven suplantadas por roles de adultos prematuros.

Se frustran las esperanzas de progreso de las familias y de los NATS minero artesanales, así como su posibilidad de contribuir al desarrollo humano del país.

¿Qué dicen las leyes peruanas respecto a este problema?
En el año 2005, el Comité Directivo Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CPETI) asume la tarea e elaborar el “Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil”. Este Comité está conformado por los Ministerios de Trabajo, Educación, Salud y Minería. El objetivo es erradicar el trabajo infantil en la minería para el año 2015. El acuerdo supone catalogar el trabajo infantil y adolescente en la minería artesanal como una actividad ilegal, por ser de alto riesgo, y por lo tanto, ser factible de sanción (NO a los NATS sino a los que permiten que trabajen y a los empleadores). El CPETI también tiene oficinas descentralizadas. Los funcionarios de la región La Libertad, estuvieron en Huamachuco para un evento del Proyecto Amigo; lo que se pudo constatar es que no cuentan con los recursos mínimos para poder enfrentar el grave problema de los NATS en la minería artesanal. Algo parecido sucede con el sector de salud, de educación y la DREM (Dirección Regional de Energía y Minas).
A nivel de gobiernos locales, en el país existen muy pocos programas de atención a niños, niñas y adolescentes que trabajan. En la provincia de Sánchez Carrión no ha habido, ni se cuenta, con un plan de desarrollo que promueva el bienestar de los NATS. Quienes asumen esta tarea son organizaciones sociales que muchas veces no reciben el apoyo del gobierno provincial ni local.

La ineficacia del Estado, en los diversos niveles, es lamentable. Hay funcionarios que desean hacer políticamente lo correcto y se interesan por la infancia y adolescencia que trabaja, pero están limitados por un complejo sistema que les da leyes, reglamentos, pero no recursos. Ello refleja la poca consideración del actual gobierno central, respecto a las futuras generaciones, sobre todo con los sectores más pobres de la comunidad.

Si los NATS pudieran elegir legalmente a sus autoridades, así como revocarlas, otra cosa sería.

Los niños y adolescentes trabajadores(NATS) en la mineria artesanal (Parte1)

Una de las tareas de toda organización e institución preocupada por la salud y la vida digna de los niños, niñas y adolescentes de su localidad, debería considerar la realidad de los niños y adolescentes que trabajan, los llamados NATS. Este grupo debe diferenciarse de los llamados niños de la calle , que son los que viven y duermen en la calle , se dedican a actividades ilícitas como el robo; y diferenciarlos de los menores que mendigan limosna, que pueden tener familia o también vivir en la calle.
Los NATS, para responder a su situación de pobreza, optan por el trabajo, en vez de robar o en vez de mendigar, es decir, en vez de optar por vías destructivas y totalmente deshumanizantes. Pero si bien el trabajo es una alternativa, es necesario contemplar las condiciones en las que se dan. No todo trabajo es adecuado para nuestra infancia y adolescencia.

En el caso de la minería artesanal ¿Deben ser los NATS completamente apartados de dicha actividad? .¿Mejorar las condiciones de seguridad de los niños en la minería, podría resolver el problema?. ¿Si se disminuye el trabajo de los niños en la minería a unas pocas horas de manera que su exposición a los peligros sea mínima y no afecte su educación y descanso, no estaría solucionado el problema?. ¿Quiénes deben ser considerados niños en riesgo cuya incorporación a este trabajo debe prevenirse?, ¿los hermanos de niños que trabajan?, ¿todos los niños cuyos padres o familiares son mineros?, ¿todos los niños que habitan en comunidades cercanas a la minería artesanal?
En base a estudios y experiencias de trabajo desarrollados por organizaciones internacionales, iremos respondiendo a estas interrogantes para sustentar porqué los niños, niñas y adolescentes NO deben trabajar en la minería artesanal.

Como punto de partida, daremos a conocer qué trabajos realizan los NATS en la mina artesanal: El trabajo en socavones: Trabajo sumamente arduo, pues a veces llegan a encerrarse hasta una o dos semanas en ellos; comen y duermen en la bocamina y laboran durante las 24 horas, con breves intervalos de descanso. Utilizan herramientas como cinceles, combas o barrenos, cuya utilización requiere gran esfuerzo y La actividad en el "quimbalete”: Requiere gran esfuerzo. La jornada comienza a las 3 horas y la termina a las 18 horas. Es decir, que permanece un promedio de 15 horas empinado en una viga que atraviesa una gran piedra y que deben mover sin interrupción. Pero el más grave riesgo es el contacto con el mercurio metálico y el cianuro pues mientras el "quimbaletero" prepara la amalgama (mineral, agua y mercurio o cianuro), permanece en contacto con ella todo el tiempo y sin protección alguna. Si además el niño acompaña a sus padres a la "quema" de la amalgama, la situación es mucho más grave, pues va a exponerse la contaminación considerable que representan los vapores del mercurio. Los "rancheros”: Trabajo que hacen los más pequeños, quienes llevan los alimentos preparados. Pueden llevarla a su padre o a cuantos trabajan en la mina. Así ayudan a sus madres. Ello significa subir los cerros cargando agua y comida a lo largo de recorridos de ida y vuelta de seis a 10 km, y que llegan a tomarles hasta siete horas de dura caminata. Los "burreros": Exige llevar los burros hasta la bocamina para que carguen con el mineral y lo bajen de regreso. Además, supone alimentar a los animales y cuidarlos.

Las actividades que realizan los NATS se pueden resumir en lo siguiente:
1. Perforación mecánica (con taladro) o a pulso (con cincel).
2. Voladura, la cual incluye la preparación y colocación de la carga explosiva. Hay casos en que los NATS preparan los tacos para ajustar el explosivo. Los niños preparan la masa de los tacos con tierra chancada con piedras o con una botella hasta quedar muy delgada y maleable.
3. Acarreo de desmonte a superficie.
4. Pallaqueo: Lo realizan principalmente las mujeres y los niños. Deben seleccionar rocas con mineral del desmonte.
5. Desquinchar la roca. Se saca la roca que queda después de la explosión para liberar el mineral.
6. Desquinchar el mineral o sacar el mineral. Actividad muy difícil y peligrosa. Se saca la roca mineralizada.
7. Llevar agua y comida a los padres u otros trabajadores que están en el socavón.
8. Acarreo de mineral en capacha. Los más pequeños, media lata y los mayores de 12 años, una lata de 35 kilos aproximadamente.
9. Seleccionar mineral para chancar. Lo realizan niños desde los 5 años.
10. Chancar mineral a pulso a o mecánicamente. Los niños desde los 8 años,
los mazos son pesados.
11. Latear. Se muele y llena en latas. Desde los 11 ó 12años.
13. Molienda y amalgamación en quimbalete y molinos. Los niños ayudan menos tiempo pero de manera permanente. Después de una hora de molienda comienzan los dolores de piernas y de cintura.
14. Descarga de relave. Se saca el agua hacia un pozo donde se asienta en el fondo el relave y se desagua lo que queda de agua hacia otro pozo. En esta actividad participan algunos niños usando baldes. Luego el relave seco es lampeado hacia fuera en unas mantas, cuarteado y ensacado.
15. Separar el mercurio de la amalgama. Los niños solo apoyan trayendo agua, cogen la tina y chequean.
16. Quemado de la amalgama. Los niños chequean la amalgama
17. Venta de oro. A veces los niños venden el oro que sacan del pallaqueo.

Los NATS deben superan sus propias fuerzas. Una constante es la referencia de dolores de piernas, espalda y cabeza causados por el esfuerzo físico y la exposición al cianuro y mercurio. Los efectos en la salud y las limitaciones para el estudio y el descanso son evidentes.